La Asociación de Accionistas ADRV ha comunicado las novedades que se han producido en relación al "procedimiento judicial iniciado contra Raúl Martín Presa, Presidente y máximo accionista del Rayo Vallecano, SAD, por el presunto delito de Apropiación Indebida, a instancias de la querella presentada por Accionistas ADRV y bajo la representación legal de Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo Abogados"

Según se indica en el escrito remitido a los medios, "el Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid estima la solicitud de la Fiscalía Provincial de Madrid, sección Delitos Económicos, y solicita la Instrucción como CAUSA COMPLEJA. Este proceso de instrucción tendrá una duración de al menos 18 meses (al concurrir circunstancias sobrevenidas, la previsión es que sea imposible concluirla en el plazo de 6 meses que refiere el art. 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), debido a la complejidad del asunto y como parte de la realización de nuevas diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos", añadiendo que cabe recordar que "el Auto del 3 de diciembre de 2018 ya señaló expresamente la FALTA DE TRANSPARENCIA de las cuentas de la Fundación Rayo Vallecano, derivadas del reconocido incumplimiento de la obligación de la presentación de libros y cuentas desde el año 2011".

Otra de las novedades en el apartado de Providencia "es que el Juez solicita la declaración en calidad de testigo de los auditores contratados por el Rayo Vallecano, SAD., que tendrán que prestar declaración el próximo 7 de marzo de 2019", cerrando la nota informativa con la siguiente frase: "De nuevo el Rayo Vallecano y su Presidente son noticia no deportiva y completamente alejada de los valores que representan al Rayo Vallecano desde su nacimiento en 1924. Hay que recordar que las cifras manejadas en transferencias entre el Rayo Vallecano, SAD y la Fundación Rayo Vallecano se podrían resumir en más de NUEVE MILLONES DE EUROS, que "viajan" de un "equipo de fútbol" a una Fundación cuya gestión es completamente opaca desde la llegada de Raúl Martín Presa en 2011, y con la única justificación en la Junta de Accionistas, de "por motivos de seguridad bancaria".