Que Álex Moreno Adrián Embarba, Oscar Trejo, Abdoulaye Ba o cualquier otro jugador quieran marcharse, salvo los dos o tres de la actual plantilla del Rayo que no han recibido ofertas, entra dentro del mercantilismo del fútbol actual. Todos quieren mejorar sus condiciones contractuales, deportivas, personales, económicas o de imagen, algo lógico visto únicamente desde el prisma del negocio. Que todos ellos, con contrato en vigor, reciban ofertas, negocien y cierren acuerdos con otros clubes, es una cuestión que supera la lógica y que, por repetida y habitual, no deja de ser al menos digna de estudio. Los clubes no pueden negociar con jugadores con un contrato superior a los seis meses de duración (aunque al introducir las cláusulas de rescisión, se abre una pequeña ventana a determinadas situaciones).
Hace unos años, un viejo conocido de la afición vallecana, el francés Gaël Kakuta, se vio envuelto en una denuncia por parte de su club de procedencia (FC Lens) al considerar que el Chelsea inglés había inducido al jugador a romper su contrato. Hubo una investigación, una sanción tanto al jugador como al club y una posterior resolución del TAS levantando las sanciones. Poco más se encuentra en este sentido en un fútbol en el que el poder del más fuerte prima sobre los derechos del resto, sean de Primera, Segunda, Segunda B o categorías más humildes.
Lo de este verano en Vallecas ha sido y sigue siendo un escándalo en general, con honrosas excepciones Un club preguntó al Rayo por la situación de cuatro de sus futbolistas, uno de ellos era Alex Moreno. El Rayo le contestó con la situación de cada uno de ellos y el club en cuestión no fue más allá viendo que sus pretensiones no alcanzaban la realidad de estos futbolistas. Una excepción que ha confirmado la regla. Por lo general, esto no funciona así. Muchos futbolistas llegan al club pidiendo salir y con la "oferta" de otro club, ahí empieza todo.
Vamos con una simulación. Un club "x" de categoría o 'caché' superior dispone de 20 millones de euros para acometer un fichaje y decide destinar 10 millones para la oferta al jugador, en cinco anualidades, por ejemplo, y los otros 10 millones al club de origen (la cláusula de rescisión en esta simulación está en 16 millones). Esto quiere decir que el comprador ya tiene garantizada la intención del futbolista, que, aparte de jugar en una categoría superior, ve incrementados sus ingresos de manera muy considerable. Evidentemente, este acuerdo no se puede hacer público de manera oficial para no incurrir en una ilegalidad manifiesta, pero a nivel de prensa se empieza a dar por hecho que existe, que hay conversaciones, que hay acuerdo. Y si hace falta... se victimiza al futbolista y se 'criminaliza' al club para conseguir el objetivo final. Un futbolista, recordemos, que firmó su contrato con esa cláusula a la que, un año o dos después ya nadie quiere remitirse.
En esta 'jungla' habría dos maneras de actuar que, no siendo completamente legales, al menos afrontan situaciones diferentes. Si un club está convencido de querer a un jugador y dispuesto a pagar su cláusula, tendría lógica hablar con el futbolista y, a imagen y semejanza de lo que hizo el Celta con Fran Beltrán, depositar el valor del jugador en la liga. Negocio cerrado. Al Rayo no le gustaron las formas del club gallego, pero más allá de las formas, el fondo está bien ejecutado. En el mercado actual se utiliza al jugador para presionar y, con mucho que ganar, éste suele prestarse a un juego en el que tanto la Liga como la Federación miran para otro lado y los clubes implicados, con más miedo que vergüenza, prefieren no denunciar a sus compañeros de sala de reuniones con los que les unen otros intereses (principalmente económicos).
El Rayo, hasta donde sabemos, antes de hablar con Oscar Valentín contactó con el Rayo Majadahonda. Los que hacen las cosas bien se deben sentir perjudicados, por lo que quizá haya llegado el momento de 'coger el toro por los cuernos' y denunciar a aquellos que se saltan las normas. Y los gestores, garantes del cumplimiento de la norma, hacer su trabajo y asegurar la legalidad y la igualdad entre todos. Difícil de conseguir, pero denunciable a todas luces.
